Los economistas del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba
(CPCE) analizaron el panorama que se abre para la economía argentina después
del avance en el acuerdo con los acreedores y en paralelo a la decisión del
Gobierno de reiniciar contactos con El FMI. Como los principales desafíos
apuntan la necesidad de reemplazar las medidas de asistencia puestas en marcha
por la pandemia y la cuarentena por el Covid-19 y la instrumentación de
decisiones de apoyo a la reactivación.
El presidente del CPCE, José Simonella, subrayó que el Gobierno tiene “múltiples desafíos y escasas herramientas y hay un componente político que es importante a la hora de tomar decisiones. La única alternativa para potenciar las pocas herramientas es tener credibilidad, pero lamentablemente el Gobierno no la tiene. Ni siquiera de quienes lo votaron, se ve por la cantidad de gente que sigue comprando dólares, por la que mantiene los ahorros en la casa, por los empresarios que buscan hacer inversiones en otros países”. Insistió en la necesidad de un consenso sobre los temas básicos.
al trabajo del CPCE –elaborado por Mary Acosta, Guillermo Pizarro y Víctor
Peralta-, en el segmento de reactivación se debe direccionar la obra pública
hacia objetivos estratégicos como es el desarrollo de infraestructura (con el
objetivo clave de reducir costos de logística); mejorar las condiciones de
saneamiento barrial (para bajar los costos de salud), instrumentar una reforma
tributaria no limitada a la reducción de impuestos; disminuir la dependencia
del tipo de cambio para alcanzar competitividad y asistir al sector productivo
en un contexto de bajo consumo. “No tiene muchas más herramientas que esta”,
dijo Pizarro. Acosta entiende que si bien no habrá una reducción abrupta del
gasto público, si irá bajando.
Por el
acuerdo con los acreedores privados, los compromisos a afrontar son US$2823
millones hasta el final de la actual gestión; US$25.154 millones en el próximo
mandato presidencial; US$37.789 millones en el que irá entre 2028 y 2031 y US$
34.260 millones hasta 2035. “Habrá que ver cómo evoluciona la economía para ver
si los vencimientos más importantes son posibles de afrontar”, apuntó Pizarro.
A esos
montos se agregarán los que se convengan con el FMI, con el que hay una deuda
de US$ 47.365 millones (US$ 43.556 millones de capital y US$ 3.809 millones de
intereses). Pizarro descarta que habrá condicionamientos para reestructurar por
parte del organismo, como el definir un plan económico, tomar medidas para eliminar
déficit fiscal, limitar las pérdidas de reservas y avanzar en reformas
estructurales. “El desafío es conseguir un plan de facilidades extendidas”,
resumió.
El Gobierno
también afronta la necesidad de reperfilar la deuda local, que tiene vencimientos
concentrados mayoritariamente en el último bimestre del año (noviembre 29% y
diciembre 25%). Hay más de un billón de pesos hasta fin de año.
Además de
la deuda, por supuesto, hay otros frentes abiertos como lo son los relacionados
a la actividad, caída del empleo e inflación. En ese contexto hay también un
fuerte aumento del déficit primario, se prevé que en el año alcance el 7,8% del
PIB.
El CPCE
plantea que las medidas que se utilicen para reactivar el mercado interno
generarán mayor gasto público en el marco de una recaudación afectada por la
menor actividad económica y algunas medidas tomadas con la consecuencia de más
presión sobre el rojo fiscal. Si se opta por una mayor emisión para financiar el
riesgo latente es una disparada de la inflación. Las dudas sobre la ampliación
de la capacidad de financiar al Tesoro pasan porque ya está al límite. Para los
economistas un cambio en la carta orgánica del Central no parece viable porque
no será bien visto ni por el FMI ni por la sociedad con un descontento
creciente).
Acosta
aportó que está la necesidad de incentivar las exportaciones como vía de
ingresos de divisas; para que levanten vuelo se debe resolver la cuestión
cambiaria. Las importaciones se realizan a un tipo de cambio más alto (“dólar
celeste”) del que se recibe por la exportación. ¿Sería una solución el desdoblamiento?
Por ejemplo, uno para exportadores e importadores y otro para turistas o
ahorristas libre (sin controles). Para
Acosta ya hay un desdoblamiento “de hecho” por las retenciones a las exportaciones
y porque los importadores, en muchos casos, deben recurrir a los dólares
informales, pero entiende que debería avanzar hacia ese esquema desdoblado de
manera formal. Las retenciones diferenciales también consolidarían las
exportaciones, aunque admitió que “parece difícil porque impactaría en la
recaudación”
Los
desajustes macroeconómicos y la falta de confianza de los agentes económicos
terminaron ampliando la brecha cambiaria. “No hay atraso cambiario, las
presiones que existen al tipo de cambio obedecen más a la desconfianza y a la
incertidumbre de cómo el Gobierno eliminará el exceso de liquidez”. Las
reservas internacionales netas registraron un deterioro del 20% en lo que va
del año y cayeron 65% con respecto a julio de 2019. Frente al exceso de
liquidez, se instrumentaron medidas como el freno del desarme de Leliqs y de la
baja de tasas de interés y se le permitió a los bancos volcar depósitos a
Leliqs y Pases. Como “clave” consideran la reestructuración de la deuda local
en pesos para canalizar absorción de liquidez.
