Los economistas del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de Córdoba (CPCE) analizaron el proyecto de ley que declara la
triple emergencia (económica, de salud y social) que debate el Congreso. El
presidente del Consejo, José Simonella, indicó que Alberto Fernández “está
aprovechando el poder político para avanzar en un plan que conforme al Fondo
Monetario Internacional (FMI) y que le permite arreglar la deuda”. El ajuste fiscal propuesto alcanza al 1,5% del PBI.
Los economistas Mary Acosta y Víctor Peralta, junto a
Simonella, hicieron un repaso de las principales medidas incluidas en la norma
y apuntaron que el objetivo buscado por el Gobierno a corto plazo es que la
economía deje de caer; los efectos sobre el consumo en primera instancia son
escasos.
*Cambios en retenciones: afecta la rentabilidad en general y
podría determinar que caiga la inversión en el campo. Podría aumentar la
sojización.Para el mercado interno debería impactar en los precios por la
disminución de lo que percibe el productor. Para el Estado implica una mejora
en la recaudación. Hubo un adelanto de operaciones que alcanzaría el 40% de la
próxima cosecha.
*Bienes Personales: las alícuotas sube al nivel de 2015 y el
Ejecutivo está facultado a incrementar hasta 100% los bienes en el extranjero.
Es una carga de bajo impacto en la recaudación global.
*Suspensión del pacto fiscal: este año no seguirá la baja de
Ingresos Brutos y Sellos. Las provincias se comprometen, a cambio, a desistir
de las demandas judiciales.
*Revisión tarifaria: suspensión de alzas por 180 días; cae
el peso del gasto en tarifas sobre los hogares y las empresas. Intervención
administrativa del Enre y el Enargas por un año. En 180 días habría un nuevo esquema.
*Jubilaciones: suspende la movilidad jubilatoria por 180
días. Las subas en ese período serán por decreto. Su efecto sería un “achatamiento
en la pirámide” ya que los beneficios superiores a $19.000 no recibirán
incrementos ahora y será arbitrario el que se otorgue en los próximos meses. Es
una “medida fiscalista que apunta a cerrar las cuentas públicas”. El gasto
social representa alrededor de la mitad del total de las erogaciones del
Estado.
Simonella advirtió que se “vuelve a un esquema discrecional;
la impresión es que los jubilados que están de la mitad de la pirámide hacia
arriba serán los más afectados”. Un punto a tener en cuenta es que no
necesariamente el que cobra la mínima es pobre; es el segmento que ingresó al
sistema por moratoria y no eran de bajos ingresos.
*Cepo cambiario: se mantienen las limitaciones y se extiende
el plus del 30% del dólar turista al dólar para atesoramiento. El impuesto es
por cinco años. El 70% de lo recaudado va a programas sociales y el 30% a obras
e infraestructura social. Los efectos serían un incentivo al turismo nacional;
un aumento de la demanda del dólar blue; reducción del déficit de la balanza de
turismo y reduce la fuga de divisas. Consideraron que si la brecha entre el
dólar oficial y el informal superara el 40% podría empezar a incidir en precios
internos. En 2018 la salida de dólares por turismo y compras en el exterior
sumaron US$10.000 millones y hasta octubre de este año, US$6000 millones.
“Para el hacedor de políticas la medida le permite mejorar
los ingresos tributarios y cuidar los dólares. Mucha gente se verá obligada a
desatesorar, a desprenderse de dólares –describió Simonella-. Se suma una
ventana más a las que ya se fueron cerrando para comprar dólares; obligan a
tener pesos y agrega el incentivo de no pagar el impuesto a la Renta Financiera
si se tienen plazos fijos o bonos en pesos. Apunta a que se ahorre en pesos; si
las medidas logran credibilidad habrá demanda de pesos”.
*Doble indemnización: decreto de emergencia ocupacional. No
es aplicable a nuevas contrataciones.
*Sobretasa bancaria para empresas que retiran efectivo:
busca atacar la economía en negro. No se aplica a personas humanas o jurídicas
que revistan condiciones de micro y pequeñas empresas.
*Moratoria de MiPymes: período de gracia de seis meses y con
plazo a diez años. Condonación de multas y parcialmente de intereses en esquema
escalonado. Para aportes patronales moratoria de hasta 60 cuotas y 120 para el
resto de las obligaciones. Para el primer año tasa mensual de 3%,
*Deuda: en una renegociación “amigable” con los tenedores
privados no se pagarían servicios en 2020 y 2021. El deadline es marzo de 2020
para evitar efectos macroeconómicos desequilibrantes.
