La FACPCE fundamentó ante el BCRA el pedido de legalización de planes de negocios

Se solicita que se modifique la normativa para que las entidades bancarias estén obligadas a pedir la certificación.

La Federación Argentina de Consejos Profesionales en
Ciencias Económicas (FACPCE), en representación de los 24 CPCE del país, envió
al Banco Central de la República
Argentina (BCRA) los fundamentos para considerar la inclusión, de forma
expresa en la normativa, de la obligación de requerir que los planes de
negocios que se presentan ante las entidades bancarias sean certificados por un
Licenciado en Administración.

Estos informes son solicitados a empresas o emprendedores
para el otorgamiento de créditos o la implementación de líneas especiales de
financiamiento.

La FACPCE recordó que el 7 de diciembre de 2018 fue aprobada
la Resolución Técnica 49, que establece los elementos mínimos que debe tener un
plan de negocios y garantiza la calidad del análisis en ella detallado, con los
requisitos para que puedan ser analizados por Licenciados en Administración. Además
prevé que estos emitan, de forma exclusiva, un informe técnico legalizado por
el correspondiente Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

“Es importante tener en cuenta que la legalización del
trabajo profesional por parte del CPCE importa una serie de controles que son
fundamentales para asegurar la condición profesional del interviniente, lo cual
acrecienta el nivel de seguridad de la información presentada ante la entidad
bancaria”, señala la FACPCE.

Y agrega: “en primer lugar, el proceso de legalización del trabajo
profesional comprende la verificación de que la persona que ha firmado el
informe profesional es un profesional matriculado en la jurisdicción. Este es
un control fundamental para combatir el ejercicio ilegal de la profesión y, por
ende, asegurar a los usuarios de la información que los trabajos profesionales
han sido realizados por profesionales matriculados”.

“Además, la presentación de informes profesionales a los
CPCE para su legalización les permite a estos ejercer su poder de policía
profesional. No exigir la legalización de los informes profesionales dificulta
la capacidad del CPCE de ejercer ese poder de policía profesional, debilitando,
en consecuencia, la confiabilidad del sistema en general”, continúa.

“Por último, el proceso de legalización de firmas permite a
los CPCE ejercer una función docente destinada a propender a que los profesionales
usen los modelos de informes desarrollados por las áreas técnicas de la
profesión. Es importante para favorecer el resguardo de la calidad profesional
en general, lo cual beneficia también al sistema financiero”, dice.

“Por todo lo expuesto, le solicitamos tenga a bien arbitrar
las herramientas y mecanismos para revertir este tipo de situaciones que
afectan en forma negativa a la inserción y desempeño en el medio, de los
Licenciados en Administración. Consideramos no sólo conveniente, sino necesaria,
la concientización en la sociedad acerca de las incumbencias profesionales
reguladas en la Ley 20488, puntualmente en las concernientes a las establecidas
en el artículo 14 de la misma, la cual refiere a los Licenciados en
Administración”, concluye.

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