El Consejo Profesional de Ciencias Económicas, a través del área de Jurídica, después de interiorizarse sobre una actuación presuntamente irregular, impulso una denuncia penal conforme al artículo 247 del Código Penal de la Nación, que sanciona el ejercicio ilegal de una profesión regulada por ley.
La actuación del Consejo se originó en una denuncia particular, que motivó una investigación interna a través de la Comisión Especial de Fiscalización Profesional y el Departamento de Asuntos Legales de la Institución. A partir de las diligencias efectuadas, se promovió la actuación judicial correspondiente, dando intervención a las autoridades competentes.
El Ministerio Público Fiscal dispuso diversas medidas de prueba, y recientemente el caso llegó a una instancia definitoria en la que la Justicia resolvió otorgar la suspensión del juicio a prueba al imputado. Esta figura legal –conocida como “probation”– permite la suspensión del proceso penal bajo ciertas condiciones, sin que implique el archivo ni la finalización definitiva del expediente. El imputado no debe continuar desarrollando la actividad que desencadenó la denuncia penal. Es decir, debe ceder en el ejercicio ilegal de la profesión.
En su carácter de querellante particular, el CPCE participó activamente en la audiencia celebrada en el Juzgado de Control, procurando que se resguarde el interés colectivo de la matrícula profesional. La Justicia ordenó al imputado cumplir con una reparación económica a favor del Consejo y realizar tareas comunitarias mensuales durante un año.
Desde el Consejo Profesional destacan que la resolución judicial “refuerza la importancia del respeto a las normas que regulan el ejercicio profesional y pone de manifiesto el compromiso institucional con la defensa activa de los derechos de los matriculados y de la sociedad en su conjunto”.
Este logro se suma a otras decisiones judiciales que se han dictado en los últimos años en el ámbito de la Provincia por el accionar del CPCE, mediante imputaciones, condenas y otras suspensiones de juicio a prueba, por lo que se ratifica nuestra permanente disposición para actuar ante situaciones que puedan afectar el correcto desempeño profesional y recuerda a la ciudadanía la importancia de verificar siempre que los servicios en ciencias económicas sean prestados por profesionales debidamente matriculados.
