El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba
(CPCE) adhirió al pedido de la Federación de Entidades Profesionales
Universitarias de Córdoba (FEPUC) al Gobierno de la Provincia de Córdoba para manifestar
el rechazo y solicitar la revisión de la decisión de suspender a
partir del 1° de abril del corriente año de la ejecución del Programa de
Inserción Profesional (PIP).
El PIP está dirigido a nóveles profesionales y la decisión del
Ministerio de Promoción de Empleo y de la Economía Familiar implica también la interrupción
de la asignación económica de estímulo mientras dure la suspensión de dicho
programa.
La FEPUC, entidad que nuclea 30 colegios, consejos y
asociaciones profesionales de la provincia y representa un colectivo sectorial
de más de 120.000 trabajadores profesionales, explica que la medida objetada
pretende sustentarse en una supuesta imposibilidad de realizar las prácticas
formativas y el entrenamiento laboral correspondiente, a raíz de las medidas de
aislamiento social dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional con motivo de la
pandemia por la propagación de la enfermedad producida por el COVID-19.
“El fundamento expuesto aparece manifiestamente equívoco
toda vez que las tareas formativas y de entrenamiento laboral aludidas son
susceptibles de concretarse por medios remotos – no presenciales -, como ocurre
con otras actividades que, aún en el marco de la cuarentena, se llevan a cabo
(educación, teletrabajo, trabajo modalidad home office, etc.), entre dichas
profesiones podemos citar a la arquitectura, diversas ramas de la ingeniería,
abogacía, entre otras”, dice la nota.
Y agrega que “la modalidad no presencial de trabajo
contribuye a la formación y entrenamiento de los nóveles profesionales en el
uso de las herramientas tecnológicas, tan necesario en la actualidad”. Además,
considera “equivoca la decisión ya que, por citar solo un ejemplo, los
profesionales del rubro de la salud se encuentran desempeñando sus tareas de
manera habitual y presencial ya que son considerados actividad esencial”.
Por otra parte, la supresión de la asignación estímulo a
cargo del Estado Provincial para los beneficiarios del Programa, constituye una
medida que agrava sensiblemente la situación económica de profesionales que se
encuentran en la posición de mayor vulnerabilidad dentro del sector. Ello,
frente a la escasa o nula asistencia del Estado hacia los profesionales en
general, en tiempos de emergencia sanitaria y severa restricción laboral.
Y agrega: ” nos resistimos a interpretar que la medida cuestionada
tiene como objetivo real reducir los gastos del Estado Provincial, en
detrimento de los nóveles profesionales”.
Es por ello que se solicita al gobernador “la inmediata
revisión de la medida, implementándose las modalidades pertinentes para la continuidad
de las prácticas formativas y de entrenamiento laboral y la manutención
integral de la asignación económica de estímulo”.
