Los integrantes de la comisión de Economía del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CórdobA (CPCE) elaboraron un informe sobre la situación en la que la pandemia del Convid-19 encontró a la Argentina y el impacto que podría generar en la economía.
El país, subrayan, atraviesa su propia crisis, con recesión en numerosos sectores -caída acumulada hasta el tercer trimestre del 2019 de 2,5%- inflación alta (variación interanual a febrero de 50,24%), un proceso de renegociación de la deuda en un contexto internacional dominado por la incertidumbre, un déficit fiscal que se profundiza y el ingreso de divisas limitado por menores precios internacionales, conflicto con el campo y cese del turismo, entre otros factores. Todo esto, indica el informe, pone en duda la capacidad de pago de la deuda de la Argentina.
Claro que estos aspectos se complican en el escenario internacional impactado por la pandemia. Las proyecciones apuntan a una recesión mundial, afectando al comercio internacional por la menor demanda de productos y servicios. La consecuencia, un impacto negativo en los precios internacionales lo que golpea la entrada de divisas a la Argentina y la actividad económica.
Además, la falta de un acuerdo en la OPEP para reducir la producción de petróleo por la caída de demanda debido a la pandemia, determinó que las mayores petroleras de Arabia Saudita desataran una guerra de precios generando la mayor caída en el precio desde la Guerra del Golfo en 1991.
Por el aumento de casos registrados de Convid-19 hubo caídas generalizadas en los mercados internacionales. Todo este contexto encontró a la Argentina definiendo la apertura del proceso de renegociación de la deuda con legislación extranjera por U$S 68.842 millones. El “lunes negro” en los mercados hizo que se diera un flight to quality de capitales que fueron a la compra de bonos del Tesoro de Estados Unidos y el riesgo país local superó los 3000 puntos con una fuerte baja en el precio de los bonos argentinos.
Desde el CPCE insisten en que la Argentina enfrenta desafíos urgentes tal como el de aplanar la curva de la pandemia para que no colapsen los sistemas de salud que tienen una capacidad finita en todos los países. Para alcanzar este objetivo se ponen en marcha medidas que ralentizan la economía. La reducción de la demanda determina que las empresas busquen reducir costos y una forma de hacerlo es, por ejemplo, a través de los despidos. Los bancos se encuentran con un peor portafolio de préstamos debido al aumento de morosidad por el cese de muchas tareas y, naturalmente, podrían recortar el crédito, lo que se contrapone al plan de reactivación que impulsó el Gobierno.
Como la economía financiera se mueve exclusivamente por expectativas dado que la economía real se paraliza, es de esperar que se cierre la operatoria en los mercados como ya han hecho algunos países.
Entre las medidas que se plantean en el plano internacional, incluso desde el Fondo Monetario Internacional (FMI), se cuentan:
a. Asegurar que los trabajadores conservaran su empleo y recibirán su remuneración dado que las familias deben realizar pagos básicos (alquileres, alimentos, salud, etc).
b. Asegurar que las empresas no quiebren ante la paralización de la economía, otorgándoles flexibilidad en los términos de préstamos y/o postergamiento de pago de impuesto o prestamos, entre otros
c. Asegurar liquidez en el sector financiero para evitar que la crisis mute en una financiera.
El reporte del CPCE indica que el costo que supone estas medidas no puede financiarse con un incremento de la deuda pública dado que la Argentina enfrenta un proceso de reestructuración en el cual está en duda su capacidad de pago, lo que ha llevado a la declaración de licitaciones desiertas y reperfilamiento de bonos (AF20) o canje (Bogato), sumado al incremento de su riesgo país y la caída en el precio de los bonos argentinos.
Sin embargo, admiten, puede ocurrir que justamente debido a la situación mundial, la reestructuración se lleve a cabo en términos más flexibles al menos con el FMI. El financiamiento mediante emisión es peligroso debido a los altos niveles de inflación y es prácticamente imposible recurrir a mayor presión fiscal, ya que generará conflictos sociales debido a que estos ya se han incrementado en el marco de la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva.
El CPCE considera que el financiamiento de las medidas que posiblemente se lleven a cabo, indudablemente “conllevarán un desafío para la Argentina y un empeoramiento de su situación actual”.
